La Federación Nacional de Comerciantes exige responsabilidad fiscal por parte del Gobierno.
Como lo advirtió el Gremio en su intervención ante la Corte, el Gobierno Nacional debe asumir una ruta institucional responsable, orientada a racionalizar el gasto público y a fortalecer la planeación y la transparencia fiscal.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, destacó la decisión histórica de la Sala Plena de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto que declaró el estado de emergencia económica, como una medida cautelar orientada a evitar la consolidación de efectos irreversibles, mientras se adelanta el control de constitucionalidad de fondo.
Calificó esta determinación como un hito en la defensa del equilibrio de poderes, la supremacía constitucional y el control oportuno del uso de las facultades excepcionales. Fenalco advirtió públicamente y acudió a las instancias judiciales correspondientes al considerar que los argumentos del Gobierno no correspondían a circunstancias excepcionales, sino a problemas previsibles del Estado, muchos de ellos derivados de erradas decisiones de política pública.
Y reiteró que asuntos como la financiación del sistema de salud, las dificultades fiscales, la atención de desastres, los subsidios de energía y gas, las sentencias judiciales y las restricciones de endeudamiento no pueden invocarse como calamidades súbitas que justifiquen gobernar por decreto, ni mucho menos para sustituir al Congreso de la República o eludir el debate democrático en materias económicas y fiscales. El dirigente gremial recordó que las facultades excepcionales son de carácter estrictamente restrictivo y que su uso indebido compromete el normal funcionamiento de las instituciones y el principio de legalidad tributaria.
Para Fenalco, esta decisión reafirma la vigencia plena de la Constitución, la importancia del control constitucional oportuno y la necesidad de preservar el equilibrio de poderes como pilar de la democracia. De esta forma lo advirtió el gremio en su intervención ante la Corte, el Gobierno Nacional debe asumir una ruta institucional responsable, orientada a racionalizar el gasto público y a fortalecer la planeación y la transparencia fiscal, teniendo claro que continuar trasladando a las empresas los costos de una gestión pública ineficiente pone en riesgo la actividad económica y la competitividad del país.
