Decreto de emergencia económica busca proteger la continuidad del servicio de energía.
Las medidas adoptadas para atender y evitar que la crisis energética escale a mayores niveles, afectando la continuidad en la generación y prestación del servicio, incluyen la creación de una contribución parafiscal transitoria y un aporte solidario en energía por parte de algunas empresas del sector eléctrico.
Las medidas también buscan fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mecanismo legal para respaldar empresas intervenidas y evitar interrupciones del servicio. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue enfático en señalar que el decreto no modifica el modelo del sector ni afecta a los usuarios.
“Este no es un decreto contra el sector eléctrico, es un decreto para salvarlo de la falta de acción de los Gobiernos anteriores y de los honorables parlamentarios que han asfixiado la política fiscal del país para la prestación del servicio. Actuamos para evitar un riesgo sistémico real que podría dejar a millones de colombianos sin energía si no se tomaban decisiones oportunas y responsables.”
Lo anterior es respaldado por la declaratoria del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, expedido por el Gobierno nacional a través del decreto legislativo número 0044 del 21 de enero de 2026 con medidas excepcionales y transitorias orientadas a garantizar la prestación continua, segura y confiable del servicio público domiciliario de energía eléctrica en todo el país, con énfasis en las zonas históricamente más vulnerables, como la región Caribe.
El decreto responde a una perturbación grave e inminente del sistema eléctrico, derivada de la acumulación de factores financieros, operativos y estructurales que han deteriorado la liquidez de varios agentes del mercado, poniendo en riesgo la continuidad del servicio y la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional.
El ministro subrayó que las medidas son excepcionales, y temporales y que no tendrán impacto en las tarifas ni en la formación de precios del mercado. “Este decreto no se traslada a la factura de los usuarios, no altera el despacho económico ni cambia las reglas del mercado. Su objetivo es proteger a la gente y las empresas del sector para garantizar la continuidad del servicio y evitar que una crisis financiera, creada por algunos congresistas, entre ellos los de la bancada Caribe, que al parecer desean que su región y el país entero termine en apagones”, agregó.
Palma recordó que el Estado tiene la obligación constitucional de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos y que, ante la magnitud de la situación, los instrumentos ordinarios resultaron insuficientes.
“Cuando está en riesgo un servicio público esencial, el Estado no puede mirar para otro lado. Estas medidas son solidaridad temporal para evitar un daño permanente al sistema eléctrico y a la economía del país”.
