Por los mismos hechos se abrió investigación a tres exdirectivos de la institución universitaria.
La Procuraduría General de la Nación abrió dos investigaciones disciplinarias, una de ellas contra Rafael Ángel Castillo Pacheco, en su condición de rector de la Universidad del Atlántico para la época de los hechos, por el presunto incumplimiento de una suspensión por cuatro meses que le fue impuesta por el ente de control en fallo de segunda instancia, el 21 de febrero de 2025.
Al entonces funcionario se le investiga, por presuntamente actuar como nominador, ordenador del gasto y máximo representante académico de la institución, a pesar de estar vigente esa sanción.
Como consecuencia de ello, la Entidad también ordenó investigar a los jefes de la Oficina Jurídica, Control Interno Disciplinario y Talento Humano de esa institución educativa: María Andrea Bocanegra Jiménez, José Waldir Hoyos Franco y Salomón Elías Mejía Sánchez, respectivamente, quienes, al parecer, no habrían certificado la ejecución de la sanción o el pago de la misma convertida en salarios.
En respuesta a la solicitud del ente de control, la institución de educación superior informó que no se materializó la sanción disciplinaria y, por esta razón no fue posible establecer las fechas de inicio ni de finalización de la suspensión, ni tampoco se aportaron los actos administrativos que acreditaran su cumplimiento.
La Procuraduría señaló que mediante estas investigaciones verificará la ocurrencia de la conducta, establecerá si se configuró falta disciplinaria y determinará la eventual responsabilidad de los investigados.
