Por: Alejandro Blanco Zuñiga, Dr. en Ciencia política
El llamativo encuentro Petro–Trump en la Casa Blanca cae justo cuando el país entra en modo campaña electoral (Congreso el 8 de marzo y primera vuelta presidencial el 31 de mayo). En este punto, es claro que Washington no es un mero espectador: se vuelve un actor capaz de mover el tablero político interno sin tocar una urna. Basta una frase de Trump, un gesto de dureza o una señal negativa para convertir el episodio en titular y, con ello, disparar incertidumbre. No porque Estados Unidos elija por Colombia, sino porque históricamente ha tenido palancas —económicas, diplomáticas y consulares— que, por distintos medios, alteran el clima político de los países de la región.
Hay viajes protocolarios que, desde los quehaceres del ejercicio presidencial, se venden ante la opinión pública como “históricos”, y hay otros que, sin necesidad de adjetivos, llegan cargados de consecuencias. La visita de Gustavo Petro al corazón del poder en Estados Unidos para reunirse con Donald Trump pertenece al segundo grupo: esto no es turismo diplomático, es control de daños. Y, al mismo tiempo, es un intento —a contrarreloj— por redefinir qué significa hoy “alianza” entre Colombia y Washington, cuando el vínculo dejó de moverse en las gramáticas de la cooperación y entró al lenguaje áspero de las presiones.
Lo insólito es que esta cumbre se abre paso después de que Estados Unidos revocara la visa a Petro en septiembre de 2025, tras su participación en una protesta pro-palestina en Nueva York y después de declaraciones rimbombantes en las que llamó a militares estadounidenses a hacer caso omiso a órdenes de Trump. Llega, además, luego de un hecho todavía más disruptivo para las reglas tácitas de la diplomacia hemisférica , cabe recordar que el Departamento del Tesoro sancionó a Petro apelando a acusaciones graves relacionadas con narcotráfico.
En el libreto de presiones geopolíticas de Trump, el patrón es claro. Primero aprieta por medio de acusaciones y medidas radicales como por ejemplo subir aranceles; después se baja el tono y abre espacio para negociar. En el caso colombiano, el deshielo comenzó con una llamada en enero, en la que Trump habló de “arreglos” para recibir a Petro en la Casa Blanca. Acto seguido, Petro se mostró optimista y la conversación se presentó como una desescalada luego de meses de hostilidad. Pero que haya reunión no significa que haya reconciliación: significa que el conflicto entró en una fase de administración, y que esa administración, inevitablemente, se juega en clave electoral.
La pregunta central no es si Petro “logra” o no una reunión (ya está programada), sino con qué tono llega a Washington y con cuál sale. El marco de referencia, aquí, lo es todo. Para Estados Unidos, el eje de la discusión, será narcotráfico, migración, seguridad regional y crimen transnacional. Y, si se revisa la comunicación oficial, el énfasis no se disimula: la llamada entre Marco Rubio y la canciller Rosa Yolanda Villavicencio se presentó como un diálogo sobre “prioridades compartidas” que incluyen comercio, seguridad y combate al crimen organizado transnacional.
Frente al crecimiento de la producción de coca en Colombia, Petro puede insistir en sustitución de cultivos y en transformación territorial con un enfoque social; pero Trump parece exigir señales rápidas, cuantificables y comunicables. La asimetría juega en contra: Estados Unidos no necesita convencer a Colombia de su peso; le basta con recordarlo mediante sanciones, amenazas comerciales o medidas consulares. Lo aprendimos en episodios previos de fricción por migración, y la historia reciente no invita al optimismo ingenuo.
Lo que Petro debe evitar es caer en la trampa de la “foto reparadora”. La foto puede servir para generar titulares, pero no resuelve el problema de fondo: ¿se renegocia la relación para que Colombia conserve soberanía programática, o se acepta un vínculo condicionado donde Washington define el menú y Bogotá elige entre obedecer o pagar costos? La visita será útil solo si produce algo más que gestos y se traduce en canales institucionales, garantías concretas y, sobre todo, una conversación que no sea un monólogo de exigencias.
¿Qué puede salir de ahí? Tres escenarios hipotéticos.
Uno, el más probable, es una desescalada mínima viable: un comunicado con frases amplias —cooperación, diálogo, coordinación—, mesas técnicas y promesas de seguimiento, sin tocar el núcleo duro de las sanciones. Sería el típico pacto diplomático para bajar la temperatura sin apagar el incendio.
Dos, un acuerdo transaccional: Petro concede en materia antinarcóticos —más interdicción, metas verificables— y obtiene alivios o, al menos, un congelamiento de la escalada. Aquí el riesgo es interno: si el gobierno aparece como ejecutor de una agenda ajena, el costo político será alto.
Tres, el peor: una foto sin sustancia y un escalamiento rápido del conflicto. Sucede si Trump exige una capitulación pública y Petro responde con retórica antimperialista; o si Petro pide levantar sanciones sin dar nada verificable a cambio. En ese caso, la relación vuelve al ciclo de amenaza–respuesta, donde los perdedores suelen ser los ciudadanos: visas, comercio, inversión y estabilidad.
Si esta columna tuviera que apostar, diría lo siguiente: Petro no debe ir a “convencer” a Trump; debe ir a delimitar. Delimitar qué compromisos son posibles sin sacrificar principios fundamentales de soberanía; qué cooperaciones son realistas; qué plazos son razonables; y qué líneas rojas, por nada del mundo, pueden cruzarse. Porque si el marco lo impone Washington por completo, Colombia no negocia: administra su subordinación.
